Jorge Ángel Hernández 
El Grupo empresarial PRISA, poderoso monopolio de la información, acaba de ser multado con la suma de 478.611 euros, “de forma solidaria”, según dicta una Resolución del 24 de noviembre de 2011 emitida por el Consejo de La Comisión Nacional de Competencia (CNC).
La comercialización de espacios publicitarios en prensa escrita, objeto social declarado por acuerdo del Grupo empresarial, ha sido incumplida, a juzgar por la investigación de la CNC, que ha declarado en su nota de prensa haber detectado “ciertas cláusulas restrictivas de la competencia como la fijación de tarifas y descuentos, la obligación de comercialización conjunta de espacios publicitarios, el intercambio de los precios aplicados de forma individual por cada editor, y el reparto de mercados.”
O sea, ante la obligación legal de coordinar entre las partes para fijar los precios del bien objeto de la venta conjunta y además los precios de ventas individuales, PRISA ha dejado libre el camino para “distorsionar las condiciones de competencia en el mercado”. Y ha restringido también las posibilidades del cliente de insertar sus anuncios. Las publicaciones implicadas en el caso PRISA son Promotora de Informaciones, S.A. y sus filiales Ediciones El País, S.L., Grupo Empresarial de Medios Impresos, S.L., Promotora General de Revistas, S.A. y Box News Publicidad, S.L.
Se trata, pues, de un modo de censura y manipulación informativa que el diario El País practica impunemente contra naciones como Cuba, Venezuela, Bolivia o China, sin que reciban ni siquiera un regaño de las instituciones jurídicas. Y ello a pesar de que en numerosas ocasiones su contenido informativo entra abiertamente en el campo del descrédito moral, el insulto y hasta el terrorismo mediático.
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) es, según expresa su página web, “un organismo público encargado de preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia efectiva en los mercados en el ámbito nacional, así como de velar por la aplicación coherente de la Ley de Defensa de la Competencia mediante el ejercicio de las funciones que se le atribuyen en la misma y, en particular, mediante la coordinación de las actuaciones de los reguladores sectoriales y de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, así como la cooperación con los órganos judiciales competentes”
PRISA, por su parte ha considerado ilegal la medida y se dispone a apelar haciendo uso de sus habituales mecanismos de censura mediante la imposición de patrones informativos del estricto beneficio de sus apoderados. Se muestra, sin embargo, que su dirección única no va a considerar, no ya la ética de la libertad de expresión, algo de lo que se encuentran francamente lejos, sino las normas estándares de competencia mercantil bajo cuyas leyes deben operar. Un ejercicio de poder que el predador impone con evidente impunidad. Y que se preparen los osados miembros del Consejo de la CNC que se atrevieron a obtener tales resultados de la investigación, que no les faltarán injurias y cuestionamientos.
Ogunguerrero 