De la transversalidad y los lazos verticales en el Estado socialista

Jorge Ángel Hernández
Con el fortalecimiento del Estado burgués en el Siglo XX, se produce un proceso de empoderamiento de los aparatos burocráticos de Estado, que son instrumentalizados para sostener el sistema eleccionario político y sustentar la ideología liberal burguesa. Este proceso genera un crecimiento de las desigualdades de clase, un empobrecimiento de las zonas alejadas de las ciudades de alta concentración poblacional y un creciente movimiento migratorio del campo y las regiones periféricas hacia los centros urbanos de poder y desarrollo económico.
El Estado socialista en transición también fortalece sus mecanismos de centralización de la economía, como una estrategia de protección contra la injerencia capitalista en sus renovaciones culturales, aunque también con un involuntario descuido de las especificidades culturales regionales y comunitarias, no solo en su desarrollo endógeno sino en su desarrollo exógeno con respecto a la nación. El principio de centralización de los poderes del Estado se reduce así a una estrategia de gobierno centralista que obstruye el autodesarrollo comunitario. Radica aquí una contradicción interna entre las directrices políticas y las funciones administrativas del sistema institucional por el cual la sociedad se rige. Esta contradicción, si bien representa un freno al desarrollo del sistema en transición, no es un elemento que actúe como un cuerpo extraño en las nuevas circunstancias sociales. Debe ser resuelta en la dinámica de su propia dialéctica, en los específicos marcos de sus resultados endógenos, antes que a partir de una perspectiva metafísica capitalista que encumbra y eterniza la esencia del sistema de relaciones sociales y, con ello, el carácter de hegemonía y dominio clasista del Estado, sobre todo en su camuflada variante de Estado mínimo, sometido a la lógica del mercantilismo.
Pero a diferencia del Estado mínimo liberal, el Estado socialista en transición despliega un amplio programa de políticas públicas, de inclusión social y de reconocimiento de quienes habían sido los marginados de la sociedad. Se elaboran además programas de participación ciudadana en las decisiones de gobierno, como las del Poder Local, posteriormente Poder Popular. Estas, a merced de la propia sistematización de la centralización de las decisiones, del verticalismo de la burocracia ministerial y de la falta de aplicación de las estrategias científicas, se ahogan en las intenciones y quedan en peligro de ser víctimas de la paradoja interna. Y en tales circunstancias, se hace difícil el proceso de participación de las personas en las decisiones gubernamentales.
Ello conduce a que la ciudadanía pierda sentido de pertenencia. Y a que la sociedad, en su desempeño estructural, comience a hacer efectivos procesos de anomia boba. Es decir, situaciones sociales que redundan en perjuicio de la sociedad en su conjunto. Sus prácticas no son exclusivas de la burocracia, sino además, y con fuerza, de la conducta de los ciudadanos de a pie. Para poner solo un ejemplo: Los precios del transporte público cuentapropista se han topado desde hace tiempo, sin embargo, la población paga el precio especulativo con que los choferes operan, sin darle oportunidad a la fiscalización estatal de intervenir.
El sistema institucional cubano es mayormente gradual y descendente. Debe operar desde la base hasta la más alta dirección del Estado, aunque responde a mecanismos de control que, en realidad, descienden, desde las esferas del Estado hasta las organizaciones de base. No es, sin embargo, un mecanismo simple, identificable con elementos factuales, sino un proceso que ha tenido avances, tensiones y regresiones.
Los aparatos burocráticos del Estado se nutren de las personas que surgen en la base, los cuales van ascendiendo hasta niveles superiores. De este modo, los encargados de la gestión local se hallan constantemente en aprendizaje, confrontando los problemas que sus predecesores confrontaron antes y sin dejar una experiencia didáctica utilizable para los sucesores. Ello conduce a intervenciones arbitrarias en la transversalidad de las relaciones de gobernabilidad. Si el sistema de gobierno cubano depende de subsistemas de gobierno local, cuyas estructuras se reproducen en orden descendente a través de los términos de división político-administrativa, o sea, de nación a provincia, a municipio, a Consejo Popular, a Asamblea de Barrio, actúa contra sí mismo cuando comienza a verticalizar las decisiones, tratando de resolver los problemas que, por su mismo carácter ascendente en la promoción, ha generado.
La dirección es ascendente promocionalmente y, paradójicamente, descendente gubernamentalmente.
La planificación Central del Estado requiere de procesos de aprobación regional, e institucional, de sus decisiones. Demanda además puestas en práctica de experiencias experimentales. Cuando desde el nivel central de la Planificación se dictan medidas verticales que no tienen en cuenta el funcionamiento transversal de las instituciones, el autodesarrollo local y, sobre todo, el nivel de compromiso y responsabilidad ciudadana, el sistema se colapsa en su sentido pragmático. El incremento de estas condiciones puede conducir, por supuesto, a la quiebra del sistema, de ahí que sea necesario fortalecerlo desde dentro, sistémicamente para sí, y no en relación con la perspectiva política convencional que el capitalismo aún legitima a pesar del carácter de guerra de rapiña en pos de los recursos naturales que presenta hoy día.
Debe atenderse entonces a la transversalidad e intercambio constante de dos líneas: la regional y la institucional.
Las regiones y localidades contienen estructuras que, en buen uso, les permitirían comunicarse directamente con las direcciones del Estado. La burocratización de los procedimientos de gobernabilidad convierte en un vía crucis de intermediarios este proceso necesario. Sus instituciones, ordenadas ascendentemente para la información de resultados y demandas, reconstituyen lo que la base reclama y muestra.
Si el municipio está siendo constantemente privado de sus más eficientes dirigentes y gestores de las políticas, aunque sea por una necesidad administrativa de, digamos, fuerza mayor, ¿cómo se van a desplegar estrategias de desarrollo que sobrepasen las previstas por los que están a cargo de las funciones centrales de planificación de esas mismas políticas públicas? Si el valor de un trabajo renovador se legitima solo a partir del reconocimiento en estamentos nacionales, de direcciones superiores, ¿cuál va a ser el destino de quienes propongan transformaciones en la base? Si, por ejemplo, en un municipio se considera un gran poeta a algún espontáneo epígono de Bécquer, o de Buesa, porque la mayor parte de la población aun no está acorde con las transformaciones en ese campo y prefiere esa poesía fácil, ¿le dicen adiós a los poetas jóvenes que surgen en el vórtice de las tendencias renovadoras y revolucionarias? Si, como ha ocurrido, un funcionario con poder de decisión en la provincia, considera un poeta primordial a un repentista espontáneo, de subido aliento patriótico, pero de escasas facultades incluso como repentista, ¿queda para la gestión local el definir las jerarquías literarias que el propio sistema institucional socialista predestina para su desarrollo cultural? ¿No fueron estas ignorancias parte del esquema nutricio de las aplicaciones absurdas y limitadas del realismo socialista europeo?
No es lo mismo, por tanto, desarrollar en los aparatos centrales del Estado la capacidad de advertir mecanismos locales eficientes, diversos y hasta no incluidos en su estrategia central, que pasar a procesos radicales de autodeterminación en los ámbitos regionales. Esto, en el mejor de los casos, construiría un Estado atómico que solo conseguiría un grado de transversalidad a través de las relaciones mercantiles, únicas determinantes que los pondrían en contacto con el resto de las localidades y del país. La cuestión pasa entonces por la discusión, evaluación y perfeccionamiento de los propios procesos de gobernabilidad en la dinámica misma de su aplicación. Esto requiere un fuerte grado de especialización profesional y un alto nivel ideológico. Lo ideológico visto en primer orden como sistema de ideas que se corresponde con los propósitos del sistema de relaciones sociales, pero además, e imprescindiblemente, como un sistema de ideas capaz de incorporarse a los avances científicos, educacionales, culturales y sociales de la sociedad en que se pone en marcha. Al estandarizar y hacer estático el conjunto ideológico, la sociedad socialista en transición detiene el carácter dialéctico de su construcción y lo transforma en una metafísica del proletariado. Con ello chocamos cuando se empoderaron del panorama valorativo institucional las ideas que marcaron el Quinquenio gris.
Igualmente, al mover constantemente a los cuadros a niveles superiores y esferas diferentes, se atenta contra sus niveles de especialización y se les somete a procesos de formación que muchas veces frenan el desarrollo. Al eternizarlos, por otra parte, se puede estimular el inmovilismo, la complacencia y el vivir del mérito ganado en el pasado. In sisto en que se trata de una paradoja endógena, sistémica, que debe ser resuelta sobre la base del trabajo y la práctica cultural.
La desconcentración de funciones, que tanto necesita nuestra sociedad en transición socialista, demanda una garantía de transversalidad en las gestiones, un alto grado de comunicación entre los funcionarios y agentes que llevan a cabo esos procesos de autogestión desconcentrados. Y demanda, además, un alto nivel de conocimiento del funcionamiento de las estructuras sociales de carácter local en los aparatos de planificación central estatal. Es un reto que plantean las circunstancias actuales en la Cuba que cambia y se renueva.